El próximo 11 de mayo, la comunidad educativa vuelve a dar un paso adelante con la fuerza que ya demostró el pasado 11 de diciembre y también el 31 de marzo. Aquellas jornadas fueron los primeros avisos: la defensa de la educación pública, de calidad y en valenciano no se para. Hoy, continuamos la movilización con más determinación que nunca, porque las causas que nos llevaron a las calles no se han resuelto, y algunas además se han agraviado. A pesar de la dimisión de Mazón y el cambio de nombre al frente de la Consellería de Educación, el talante no ha mejorado, al contrario, no hay negociación y los motivos se enquistan. La defensa de la lengua, mejores infraestructuras, unas condiciones laborales dignas y en definitiva la defensa de una enseñanza pública de calidad que la Consellería está denigrando. Y junto a esto una Consellería que “se burla de toda la comunidad educativa” cada vez que se sienta a una mesa a negociar. FAMPA-València hace un llamamiento a toda la comunidad educativa a secundar la huelga indefinida que definan los sindicatos y motiva a participar en las movilizaciones que se convocarán en las tres capitales de provincia.
Desde el inicio de curso hemos sufrido precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y una absoluta carencia de respeto hacia la comunidad educativa en bloque, hacia nuestros derechos. Estas políticas han golpeado no solo el profesorado, sino también al personal que sostiene y hace posible el funcionamiento diario de los centros, y también las familias se han visto afectadas por las negligentes aportaciones de esta Consellería de Educación.
La huelga del 11 de mayo es, por lo tanto, una respuesta necesaria y colectiva. Nuestras reivindicaciones son claras:
1. Derogación inmediata de la Ley Rovira
Pedimos a la nueva Consellera de Educación que actúe con responsabilidad y escuche el clamor unánime de los centros y familias: hay que derogar una ley que debilita el valenciano como lengua vehicular, desvertebra el sistema educativo y genera desigualdades territoriales. Necesitamos una normativa que garantice cohesión, equidad y estabilidad.
2. Ratios más bajas y recursos suficientes
Las aulas masificadas impiden una educación de calidad. Reducir las ratios es imprescindible para garantizar una educación de calidad, inclusiva y atenta a las necesidades del alumnado, y siempre acompañada de los recursos necesarios.
3. Menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado
La sobrecarga administrativa impide hacer una docencia llena. Hay que reducirla de manera inmediata y garantizar condiciones de trabajo dignos y saludables.
4. Infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados
Hay centros que todavía sufren las consecuencias de la DANA y que continúan sin soluciones. Reclamamos inversiones urgentes y un compromiso presupuestario estable y suficiente. El PLAN Edificant tiene que volver a ser una realidad, nos merecemos unas infraestructuras dignas.
5. Mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado
Es imprescindible revertir recortes, reforzar plantillas y garantizar estabilidad y reconocimiento para el profesorado experto y especialista.
6. Dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para el PAE y el PAS
Sin el Personal de Atención Educativa (PAE) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) no hay educación pública posible. Las personas que forman parte de este colectivo también sostienen el funcionamiento de los centros, garantizan la atención al alumnado, aseguran el acompañamiento educativo y la calidad del servicio público.
Rechazamos una situación absolutamente inadmisible: hay trabajadoras que hace más de dos meses que sustituyen bajas y todavía no han cobrado ni un euro. Esto vulnera gravemente su dignidad laboral y es una muestra clara del desprecio institucional que sufren.
Con todas estas reivindicaciones y todo y la fuerza que nos empuja, no podemos más que estar alerta en aquello que es lo más importante del sistema educativo, nuestros hijos e hijas, nuestro alumnado. Velaremos junto a la plataforma sindical porque la vaga no perjudique al alumnado al que hay que garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderemos el derecho del profesorado a hacer huelga y a reivindicar unas condiciones laborales dignas. El problema lo tiene la Consellería y es ella quien tiene que dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa. Si la Consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad. Esperamos que haya una negociación real y efectiva y que se revierta una situación que afecta a la calidad de la enseñanza pública.
Por la escuela pública! FAMPA-València
