La Plataforma por los Derechos Lingüísticos en el País Valenciano, formada por cerca de una treintena de entidades, sindicatos y partidos políticos, han acudido a las Cortes Valencianas para conmemorar el Día de los Derechos Lingüísticos y patentizar la discriminación cotidiana que a menudo sufre la ciudadanía cuando habla valenciano, a pesar de estar al amparo de la ley vigente. Durante el acto, la Plataforma ha hecho público su ideario a través del Manifiesto Por nuestros Derechos Lingüísticos y ha pedido a la Administración autonómica medidas estructurales y legislativas que ponen fin a la marginación por razón de lengua.
Este es el cuarto año que la Plataforma por los Derechos Lingüísticos en el País Valenciano conmemora el #4D con el objetivo de hacer frente a la vulneración de derechos lingüísticos de la ciudadanía valenciana. Entre las propuestas y demandas que la Plataforma ha transmitido al presidente de las Cortes, Enric Morera, y al director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, destaca la constatación de la pluralidad lingüística y cultural, entendida como riqueza y, por lo cual, se plantea implantar leyes de protección de este bien y aplicar sanciones que evitan el abandono de la lengua a la escuela, a los medios de comunicación autonómicos y en todos los otros ámbitos de uso. En este sentido, la Plataforma por los Derechos Lingüísticos ha insistido en la reapertura de la radio y la televisión pública en valenciano, así como el visionado de canales y emisoras otros territorios con los cuales el País Valenciano comparte la lengua.
Este conjunto de entidades han destacado que la plena competencia lingüística forma parte de la calidad del servicio público. Los trabajadores públicos demuestran que poseen la suficiente capacitación lingüística para realizar su trabajo en cualquier de las dos lenguas oficiales. La plena competencia lingüística es condición inequívoca e imprescindible para poder ejercer la actividad laboral dentro de las administraciones públicas valencianas. La Administración pública correspondiente capacitará a todo su personal. Los sindicatos representativos del personal de cada administración negociarán su aplicación y los niveles de valenciano mínimos a exigir a cada puesto de trabajo.
Entre las medidas para favorecer la normalidad de la lengua y poner fin a la discriminación lingüística que ha manifestado la Plataforma se encuentra el reclamo de introducir la plena competencia lingüística como requisito de acceso a la función pública, como también establecer convenios con otras administraciones para la formación en la lengua propia del País Valenciano.
Además, la Plataforma quiere que se reconozca la equivalencia de la denominación catalán y valenciano, con la intención que deje de ser un obstáculo y se convierta en un activo que favorezca e incremento las posibilidades de formación y promoción del valenciano.
El ideario que la Plataforma ha hecho público ante las Cortes dedica un punto importante a la necesidad de aplicar una verdadera pedagogía para introducir el valenciano en zonas de predominio lingüístico castellano y acabar con la discriminación que comporta las exenciones. En las comarcas castellanoparlantes se tiene que garantizar la información y formación necesaria para lograr la plena competencia lingüística. La introducción de la capacitación en valenciano convivirá con el estatus lingüístico otras lenguas aceptadas también como propias. Por lo cual, las estrategias y la pedagogía de implantación dependerán de cada contexto social de las comarcas valencianoparlantes y siempre se parará atención a la diversidad.
El Manifiesto reúne que todas las administraciones radicadas en el País Valenciano tienen que atender también en valenciano sin ninguna excepción. La ciudadanía tiene el derecho de elegir en igualdad de condiciones el valenciano o el castellano ante todos los poderes públicos. Este derecho está amparado por el Tribunal Constitucional, que establece la cooficialidad de las dos lenguas en el artículo 3 de la Constitución española.
En la actualidad, el respecto de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los valencianoparlantes se vulnera porque se incumple el marco jurídico reflejado en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, y el artículo 56.2 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Con la intención de evitar la discriminación por razón de lengua, la Plataforma por los Derechos Lingüísticos propone incluir la capacidad lingüística en la ley de función pública valenciana.
La Generalitat Valenciana tiene que hacer valer su papel de garante de los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes ante el Estado tanto en el ámbito público como en el privado porque no vuelvo a producirse ninguna vejación más por motivos lingüísticos.
Enseñanza en valenciano
Al sector educativo, la catalogación de los puestos de trabajo docente y no docente, siguiendo el criterio y los planteamientos para conseguir la competencia lingüística, estará asociada ineludiblemente a la implantación de programas de enseñanza en valenciano. Así, hay que hacer posible el objetivo que el alumnado consiga un dominio equilibrado de las dos lenguas oficiales al acabar la etapa obligatoria de enseñanza y la supresión de las exenciones de la enseñanza del valenciano a las comarcas castellanoparlantes.
Finalmente, la Plataforma por los Derechos Lingüísticos ha animado la ciudadanía a denunciar públicamente cada caso de discriminación lingüística que se produzca, porque así se podrá abrir un camino hacia la sensibilización de la opinión pública. La Generalitat Valenciana tiene que garantizar la oficialidad llena y efectiva del valenciano a la escuela, a la administración, en la calle, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Por todo esto, las entidades abajo firmantes, defensoras de la convivencia entre pueblos y de los derechos humanos, denunciamos esta situación ante la opinión pública valenciana y los organismos internacionales y nos comprometemos a velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía valenciana proclamando el día 4 de diciembre como Día de los Derechos Lingüísticos al País Valenciano.
La Plataforma por los Derechos Lingüísticos en el País Valenciano (PDL-PV) está formada por las entidades ACICOM, Can Revolta, Castelló por la Lengua, Comisión 9 de Octubre de Torrent, Confederación Gonzalo Anaya, Escola Valenciana, FAMPA-Valencia, Plataforma por el Derecho a Decidir, Plataforma por la Lengua, Sociedad Coral Lo Micalet, Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas; los sindicatos A Contracorriente, BEA, CCOO PV, Coordinadora Obrera Sindical e Intersindical Valenciana, y los partidos políticos EVPV, ERPV, EUPV, Ganando Torrente y Podemos. El cartel de este año ha sido diseñado por Tomàs Gorria con la colaboración de Cèsar Amiguet.