Queremos calidad en la escuela pública, no arreglo escolar

Los padres y madres de la Gonzalo Anaya y la Conselleria d ‘Educación, desde la Dirección General de Política Educativa, pusieron en común ayer, las inquietudes y las posibilidades de aplicar el arreglo escolar garantizando la calidad de la enseñanza pública. La Gonzalo Anaya presentó ayer por registro de entrada las alegaciones presentadas por centros de Alicante, Valencia y Castellón a la propuesta de arreglo escolar.

Ambas partes están de acuerdo en que el objetivo común es conseguir la excelencia de la enseñanza pública, incrementando su prestigio y dotándola de los recursos necesarios para ofrecer un servicio que cubra todas las necesidades de los alumnos y alumnas.

El Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, ha recogido las peticiones de las familias y ha añadido que la actuación de la Conselleria tiene en cuenta criterios pedagógicos a la hora de aplicar el arreglo escolar y está limitada a la actual ley educativa, LOMCE, en lo que se refiere a la vigencia de las unidades teniendo en cuenta la solicitud social.

El presidente de la Confederación, Gonzalo Anaya, Màrius Fullana se hace cargo de estos criterios legales y pedagógicos pero propone dar un paso más allá en defensa de la escuela pública. Hace un planteamiento más general que pasa por defender la derogación de la LOMCE y por priorizar la matriculación en los centros públicos con respecto a la de los centros concertados; “que se completen en primer lugar las unidades públicas y después las de la concertada. Creemos que ahora es el momento de acabar con los centros privados-concertados y darle prioridad a la escuela pública, que es la única que es de todos. Defendemos una escuela pública que eduque en valores, basada en la igualdad, en la tolerancia y en la democracia; que forme a personas que construyan una sociedad mejor en un futuro. Entendemos que las alegaciones presentadas sobre el arreglo escolar deben ser resueltas antes de que finalice la matriculación”.

Con motivo del periodo de matriculación, los padres y madres que representan a la escuela pública han iniciado una campaña de concienciación social para fomentar la matriculación en los centros públicos. La campaña es una de las acciones que la Gonzalo Anaya ha iniciado para apoyar y defender la escuela pública, se prevén más acciones para conseguir la excelencia en este servicio público.

Además del arreglo escolar, Màrius Fullana ha trasladado otros temas que preocupan a los padres y madres de la escuela pública, como es la gestión de la xarxa llibres para el próximo curso, a lo que el gobierno valenciano dará respuesta en breve; y cuándo se resolverán las incidencias presentadas sobre la votación de la jornada escolar. La Dirección General de Política Educativa ha confirmado que esta misma semana estarán resueltas todas las incidencias. De esta manera, todos los centros tendrán los resultados claros antes de que finalice el período de matriculación, han concluido desde la Conselleria.

SOBRE PLURILINGÜISMO

La reunión de ayer finalizó con la intervención del representante de la FAMPA Enric Valor de Alicante, Domingo Angos, que exigió al gobierno valenciano su compromiso para aportar los recursos necesarios para aplicar con garantías el Decreto de Plurilingüismo en las comarcas del sur de Alicante. Desde la Enric Valor se ha insistido en la necesidad de que el profesorado esté debidamente cualificado y preparado para impartir las clases en la lengua que corresponda. Para ello, piden que la inspección educativa garantice que el decreto se aplique con la calidad y profesionalidad necesarias.

Otro de los puntos que ha puesto sobre la mesa Angos, ha sido que se prevea desde ya los niveles plurilingües de los centros de secundaria para que no haya un salto lingüístico desde la enseñanza primaria a la secundaria.

El representante de la Enric Valor ha puesto como ejemplo durante su intervención, la situación de los centros de Orihuela en el que existe una gran variedad de nacionalidades en su población y en los que por tanto, los recursos para aplicar el decreto deben ser mayores e inmediatos.

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